Morelia, Mich., a 1 de Marzo del 2012.- Con la aprobación de diversas reformas legales a tres distintos ordenamientos federales, la Cámara de Diputados da un paso importante para dotar a las autoridades de las herramientas para el combate a la delincuencia organizada, señaló el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés.
Como integrante de la Comisión de Comunicaciones, el legislador por el Distrito 7 de Zacapu fijó la postura del Sol Azteca ante el Pleno de la Cámara de Diputados, a favor del dictamen elaborado precisamente por las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y de Comunicaciones, ya que entre otras cosas inhibirá de manera importante el uso de aparatos celulares desde los Centros de Readaptación Social, tanto los federales como los estatales.
Martín García Avilés informó que fueron tres las normas legales reformadas, en primer lugar el Código Penal Federal, en segundo el Código Federal de Procedimientos Penales y en tercer lugar la Ley Federal de Telecomunicaciones, con la intención de atacar de frente delitos como el secuestro, la extorsión, la privación ilegal de la libertad y las amenazas.
El diputado federal del PRD aseguró que a partir de la publicación de las reformas por parte del Ejecutivo Federal, los concesionarios y permisionarios de telefonía fija, de telefonía celular y de radiocomunicación en general, estarán obligados a colaborar con el Ministerio Público para la intercepción y localización en tiempo real de la señal de aparatos de radiocomunicación que sean utilizados para la comisión de un delito.
De la misma forma, detalló García Avilés, los concesionarios y permisionarios tendrán la obligación de habilitar una tecla o una combinación de teclas de emergencia que fácilmente sean activadas por los usuarios cuando estos sean sujetos de un secuestro, una extorsión, una privación ilegal de la libertad o de amenazas, para que las autoridades de inmediato den con su ubicación.
Para elaborar estas reformas sirvieron como base, explicó el integrante de la Comisión de Comunicaciones, una serie de estudios muy serios realizados por el Centro Ciudadano de Estudios contra la Criminalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su último informe, y el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Según esos estudios, explicó el diputado federal, alrededor del 70% de los secuestros, extorsiones, privaciones ilegales de la libertad y amenazas se realizan con aparatos de telefonía celular o radiocomunicación desde el interior de los Centros de Readaptación Social, lo que incluye actos de corrupción para introducir esos elementos a los penales, motivo por el cual las autoridades carcelarias ahora estarán incluso en posibilidad de bloquear o anular las radiocomunicaciones en los reclusorios del país.